Lennin.

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lunes, 28 de febrero de 2011

España: "Plan de reforzamiento del sector financiero".



El pasado 18 de febrero, el gobierno Zapatero aprobó mediante Real Decreto Ley su "Plan de reforzamiento del Sector Financiero". El objetivo oficialmente declarado de este plan es "reforzar la solvencia de las entidades de crédito" y "favorecer la canalización del crédito hacia la economía real".

¿A quién se le podría ocurrir poner en discusión estos dos objetivos, aparentemente tan nobles y necesarios de cumplir en la coyuntura actual? El objetivo real del plan, sin embargo, no es otro que el de imponer a las Cajas de Ahorro unas condiciones de capitalización mucho más exigentes que a la banca comercial, presionarlas para que no tengan más remedio que "bancarizarse" y acudir a los mercados de capital privado, si quieren sobrevivir. Es decir, es un plan para privatizar a ritmo acelerado las Cajas de Ahorro en España, que representan casi la mitad del sector crediticio del país y controlan importantes participaciones en el capital de las principales empresas españolas.
Todo ello justificado, una vez más, por la necesidad de saciar lo más presto posible la voracidad de los dioses de los mercados financieros internacionales y recuperar su confianza, sin la cual -al parecer- solo los locos pueden imaginarse un mundo en el cual continuar viviendo. Pues bien; veamos al menos cómo han respondido los "dioses" ante esta nueva ofrenda "socialista" del gobierno Zapatero.
Lo más divertido es que parece que en la semana posterior al Real Decreto Ley, los mercados financieros apenas se han percatado de la existencia de este nuevo plan de recapitalización. La prima de riesgo de la deuda española ha continuado su deriva alcista, acompañando en este trayecto a la deuda de los otros países "periféricos", y las acciones de los bancos españoles han continuado cayendo junto con el índice general del Ibex desde el 18 de febrero.
Es cierto que los "dioses" han estado ocupados esta semana con temas más importantes, como el impacto de la carnicería libia sobre el suministro de petróleo, y es verdad que la incertidumbre en los mercados energéticos ha arrastrado de manera negativa tanto a los mercados españoles como a los internacionales. Aun así, no deja de sorprender la poquísima tinta que los analistas de los bancos de inversión internacionales han dedicado a evaluar el plan español. Los que lo han hecho, han criticado por lo general las pequeñas "concesiones" a las Cajas que supuestamente contiene el plan, tanto en lo que respecta a los plazos previstos para su aplicación, como len lo tocante a la supuesta indefinición respecto de si ciertos tipos de pasivos contarán como capital principal o no. Y han criticado como demasiado "optimista" la estimación de la ministra de economía Salgado de que el gobierno deberá inyectar "como mucho" 20.000 millones de euros (el 3% del PIB) para llevar a cabo su plan de recapitalización de las Cajas.
Ante tamañna discplicencia de los "dioses", el gobernador del Banco de España ha decidido por lo pronto tomar la iniciativa e irse de "viaje de promoción comercial" a la City de Londres (el Olimpo, como es harto conocido, de los dii majorum gentium), para explicar a los inversores internacionales las fabulosas oportunidades abiertas a la compra de activos de las Cajas españolas que el gobierno pondrá a su disposición en breve, a medida que el plan vaya forzando quieras que no a las Cajas a acudir al mercado de capital privado.
Un plan para privatizar las Cajas
Pero adentrémonos en los detalles del "Plan". No escatima nunca esfuerzos el gobierno en la propaganda por explicarnos que se trata de un plan diseñado tanto para la banca comercial como para las Cajas, que no busca sino el robustecimiento del sector financiero en su conjunto.
El punto principal del plan es la exigencia de un nivel de capital principal superior al establecido hasta la fecha para todas las entidades crediticias. Ese nivel se fija en el 8% de los activos ponderados por riesgo.
Sin embargo, este requerimiento asciende hasta el 10% para aquellas entidades que no hayan colocado al menos el 20% de sus títulos entre terceros y que superen el 20% de financiación mayorista.
Estas condiciones están diseñadas básicamente para asegurarse de que sean las Cajas, y no los bancos comerciales, las que se vean obligadas a cumplir con el requerimiento más exigente del 10% de capital. A menos que, claro esta, acudan a captar capital privado para cumplir con la condición de haber "colocado al menos el 20% de sus títulos entre terceros". Por lo tanto, no es cierto que el plan imponga un mismo trato a Cajas y bancos comerciales. Mas bien el plan exige a las Cajas un esfuerzo totalmente desproporcionado en relación a los bancos, a fin de presionarlas para que se conviertan en bancos privados.
En la actualidad casi todas las Cajas podrían cumplir con la exigencia de una ratio de capital principal del 8%, con algunas excepciones notables, como el SIP liderado por Caja Madrid-Bancaja (7%), Catalunya Caixa (6.3%) o Unnim (6.4%). Pero la mayoría no cumplen con el 10%. Ninguno de los seis principales bancos comerciales del país (Santander, BBVA, Banco Popular, Bankinter y Banesto) cumplen tampoco con el 10%, pero a ellos no se les exigiría porque ya son entidades formadas por capital privado y todos, menos Bankinter, tienen ya una ratio de capital principal de más del 8%.
Todos estos nuevos requerimientos ¿para cuando? Para el 10 de marzo, es decir, en menos de 15 días hábiles desde la publicación del decreto. ¿Que pasará con todas aquellas entidades que previsiblemente se encontrarán con "dificultades" para cumplir con estas exigencias en 15 días? Pues que tendrán que presentar al Banco de España un "plan-estrategia" para cumplir los requisitos antes del 30 de septiembre. (1)
¿Que pueden hacer las Cajas para cumplir con estos requisitos? Pueden deshacerse en plazo breve de distintos activos para aumentar su ratio de capital existente con respecto a sus activos. Por ejemplo, vendiéndoles sus jugosas carteras de participaciones industriales a los bancos o a los inversores extranjeros. La otra alternativa, obviamente, es intentar captar capital privado a través de recursos de terceros, o la salida a bolsa. Pero ¿qué capital privado va a querer entrar en cantidad suficiente en las Cajas en un plazo tan breve, con tantas incertidumbres sobre lo que son ahora exactamente las Cajas tras el reciente megaproceso de fusiones y reestructuraciones que ha reducido el sector de 45 a 17 grupos en menos de un año? Si todas las cajas se ven forzadas a acudir al mercado a captar capital privado al mismo tiempo, cuando las condiciones del mercado son todavía inciertas, difícilmente se puede esperar que sean capaces de captar el capital necesario en tan poco tiempo, y menos a un precio que se ajuste minimamente al valor económico real de las entidades.
Si, como es previsible por todas estas razones, una gran cantidad de Cajas no fuesen todavía capaces de cumplir con los nuevos requisitos para el 30 de septiembre, tampoco pasaría nada según al plan de "robustecimiento". El Estado, mediante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entrará en el capital social de las Cajas para reforzar su capital hasta los niveles requeridos. (2)
¿Cómo? ¿Una nacionalización de las Cajas a través del FROB? ¿A ver si va a ser que estos del Gobierno son de verdad socialistas? No, no, tranquilos, replica Salgado. Esto será solo una "nacionalización transitoria" que durará como máximo 5 años, que es el tiempo que se estima necesario para que el Estado imponga una reestructuración radical (reducción de plantilla, venta de activos, "mejora" de su gobierno corporativo, etc.) de las Cajas intervenidas para así hacerlas más atractivas al capital privado y poder sacarlas luego a venta en el mercado.
Además, el decreto explícitamente reserva un trato especial y diferenciado a las Cajas. Si la entidad que interviene el FROB es una Caja, esta "tendrá un plazo de tres meses para el traspaso de la totalidad de su actividad financiera a un banco". Es decir, si el que pide ayuda al Estado es una Caja, el Gobierno la obliga explícitamente a convertirse en banco.
Sobre el criterio de fiabilidad del Banco de España
Pero para entender realmente la filosofía subyacente al decreto del gobierno Zapatero se hace necesario leer también los textos publicados por el gurú ideológico neoliberal del Estado español, conocido a veces también como Banco de España (BdE). En su "Nota sobre evolución y reforma de las Cajas de Ahorros" publicada el 21 de febrero, afirma de manera muy clarificadora:
"Las entidades que coloquen a terceros títulos con derechos políticos, directamente o a través de un banco, se verán sometidas a una mayor vigilancia y seguimiento de los agentes financieros, lo que redundará en mejoras de la gestión. Esa reforma también incorporó elementos específicos encaminados a profesionalizar la gestión de las cajas de ahorros, con una reducción del peso de los cargos de representación pública..."
La sesuda y científica teoría que el BdE parece abrazar a tenor de esta cita se podría reducir a la ecuación siguiente:
capital privado = una mayor vigilancia y seguimiento de los agentes financieros
una mayor vigilancia y seguimiento de los agentes financieros = redundará en mejoras de la gestión
Si uno resuelve este "complejo" sistema de ecuaciones, de acuerdo con el BdE debería obtener la siguiente identidad:
cargos de representación pública controlando las Cajas = clientelismo, mala gestión, corrupción, financiación de burbujas inmobiliarias, etc.


Es una pena que la crisis neoliberal que acaba de devastar las vidas de millones de trabajadores haya demostrado concluyentemente que los mayores casos de corrupción, despilfarro de recursos financieros y mala gestión han sido experimentados por entidades financieras privadas que gozaban de "vigilancia y seguimiento de los agentes financieros" tipo Lehman Brothers, Citibank, todos los bancos Irlandeses, Bear Stearns, Royal Bank of Scotland y un larguisimo etc.
Dicho esto, es cierto que en nuestro país las entidades "públicas" de crédito como las Cajas de Ahorro contribuyeron de manera relativamente más importante que el resto de la banca privada a alimentar la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, ello no tiene nada que ver con el hecho de que estas entidades fuesen "públicas", como demuestra el que en la mayoría de los otros países afectados por la crisis fueron entidades privadas, sometida a la "vigilancia y seguimiento de los agentes financieros" las que alimentaron sus respectivas burbujas inmobiliarias y las que luego tuvieron, en muchos casos, que ser nacionalizadas.
El problema real de las Cajas es que, a pesar de ser entes "públicos", no estaban sujetas a un control democrático real de la ciudadanía, sino sometidas al capricho de políticos que, libres de cualquier control democrático, las utilizaban discrecional y banderizamente para financiar las empresas inmobiliarias de sus particulares clientelas empresariales. El otro problema de las Cajas fue que durante el boom económico e inmobiliario español pretendieron competir en el mismo tipo de negocios que la banca privada, cuando se suponía que su función debía de haber sido otra.
La función social original de las Cajas de Ahorro
Quizás no esté de más recordar que, al menos en sus inicios, una de las funciones principales de las Cajas era la de proveer de servicios financieros a aquellos sectores de la sociedad rechazados por la banca privada comercial por considerarlos poco rentables desde el punto de vista económico. La función original de las Cajas era, por ejemplo, proveer de crédito a las familias y las pymes que tenían dificultades en conseguir préstamos de la banca comercial y permitir a las personas que disponían de menores ingresos económicos, que eran también rechazadas por la banca privada, abrir cuentas corrientes y de ahorro.
Sin embargo, durante el boom inmobiliario español las Cajas de Ahorro dedicaron un 20% de su inversión crediticia al crédito promotor, mientras que los seis mayores bancos privados españoles dedicaron a este tipo de crédito solo un 12%. Esta es la principal razón de que el sector de las Cajas se encuentra hoy en una situación mucho más complicada que la de la banca privada española en su conjunto. De acuerdo con los datos del BdE, la ratio actual de préstamos dudosos es del 11,6% para el crédito destinado al sector inmobiliario y constructor, comparado con solo el 2,5% para el sector hipotecario minorista.
Tampoco hay que olvidar que la cajas dedicaban entre el 25-30% de sus beneficios anuales a la llamada "obra social", que consistía en financiar proyectos sociales y culturales. El sector de las Cajas en su conjunto aportaba como media anualmente fondos valorados en más de 2.000 millones de euros a esta "obra social". Dedicar semejante proporción de los beneficios a este tipo de obras es impensable en cualquier entidad privada que tenga que maximizar el reparto de dividendos entre sus accionistas. Por eso una de las primeras victimas de la privatización de las cajas será, sin duda, el pequeño Estado de bienestar paralelo que financiaban.
La nacionalización de las cajas a través del FROB podría haber sido una palanca para imponer el tipo de reestructuración radical-democrática que por fin pusiese a este tipo de entidades financieras al servicio público de los intereses de la ciudadanía y las sometiese a su control y supervisión. Pero incluso podría haberse realizado con objetivos más modestos y haber simplemente reconducido el modelo de negocio de las Cajas hacia la situación previa al boom inmobiliario o hacia lo que nunca deberían de haber dejado de ser, tal como sugería recientemente Antón Costas en un artículo en El País.
En vez de eso, la nacionalización bajo este gobierno diz-que "socialista" ha de considerarse un instrumento más al servicio de los intereses del capital privado, no del interés público, aunque sea financiado con los impuestos de todos.
Nota:
1) El gobierno afirma que el requisito de tener un ratio del 8% esta en línea con los nuevos estándares regulatorios internacionales de Basilea III. Si, solo que los requisitos de Basilea solo entraran en vigor en el 2013. (2) El decreto estipula que el proceso de re-capitalización se podrá prolongar hasta Marzo del 2012 pero solo en casos "excepcionales".

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